(Artículo de Alfonso Fernández-Manso. Profesor del Grupo de investigación en Ecología Aplicada (GEAT) de la Universidad de León.)
En los últimos años, la biomasa forestal ha adquirido una posición destacada en las políticas de transición energética, al presentarse como un recurso renovable capaz de contribuir a la descarbonización, a la dinamización del medio rural y a la reducción del riesgo de incendios forestales. No obstante, esta formulación general suele omitir una cuestión decisiva: la sostenibilidad de la biomasa no depende únicamente de su carácter renovable, sino del modelo territorial, logístico y energético en el que se inserta. Este artículo plantea una revisión crítica de la biomasa industrial a gran escala y analiza, a través del caso de El Bierzo, las contradicciones entre el discurso de la solución verde y las condiciones reales de viabilidad ecológica, técnica y socioeconómica.
1. LA PROMESA DE LA BIOMASA INDUSTRIAL Y EL PROBLEMA DE LA ESCALA
La biomasa forestal suele presentarse en el debate público como una solución especialmente atractiva porque parece encajar, al mismo tiempo, en varios objetivos políticos: producir energía renovable, sustituir combustibles fósiles, generar actividad económica en el medio rural, valorizar restos forestales y reducir el riesgo de incendios. Sobre el papel, la propuesta parece difícil de discutir. Sin embargo, una mirada técnica y territorial obliga a introducir una distinción fundamental: no toda biomasa responde al mismo modelo, no toda utilización tiene el mismo sentido ecológico y no toda instalación renovable puede considerarse automáticamente sostenible. La clave, en realidad, está en la escala, en la eficiencia del uso energético y en la relación material que se establece entre la planta y el territorio del que extrae el recurso.
Desde un punto de vista forestal, la biomasa no puede entenderse simplemente como “combustible sobrante”. En un ecosistema forestal, la materia vegetal cumple múltiples funciones. Los restos leñosos finos, parte del matorral, la hojarasca y la materia orgánica muerta participan en la protección del suelo, en la conservación de humedad, en el reciclaje de nutrientes, en la actividad biológica edáfica y en el mantenimiento de hábitats para numerosas especies. Eso no significa que toda biomasa deba permanecer siempre en el monte ni que no puedan realizarse tratamientos de reducción de combustible. Significa, más bien, que cualquier extracción debe responder a criterios selvícolas precisos, diferenciados por especie, edad, estructura de masa, pendiente, accesibilidad, productividad, vulnerabilidad erosiva y objetivos de gestión. Cuando estas decisiones dejan de depender de la lógica ecológica del monte y pasan a depender de las necesidades continuas de una central, el riesgo de desajuste territorial aumenta de forma muy considerable.
Desde una perspectiva ambiental, además, conviene recordar que la combustión de biomasa no es inocua. Quemar biomasa genera dióxido de carbono (CO₂), partículas en suspensión, incluidas PM10 y PM2,5, así como compuestos orgánicos volátiles, todos ellos con efectos relevantes sobre la calidad del aire y la salud pública. Por eso, presentar estas instalaciones como climáticamente neutras resulta, como mínimo, discutible. La llamada “neutralidad de carbono” de la biomasa es hoy objeto de un importante cuestionamiento científico, porque la tala y la quema inmediata de masa forestal liberan carbono a la atmósfera en un plazo muy corto, mientras que su eventual recaptura por el monte requiere décadas y depende, además, de que esa regeneración se produzca realmente y en condiciones equivalentes. En consecuencia, la biomasa solo puede valorarse de forma rigurosa si se analiza todo su ciclo de vida, su escala territorial, su impacto atmosférico local y su verdadera sostenibilidad ecológica.
En términos energéticos, además, la gran biomasa eléctrica presenta una limitación importante: producir solo electricidad mediante combustión térmica es una de las formas menos eficientes de aprovechar la energía contenida en la materia orgánica. En una central eléctrica convencional de biomasa, el combustible se quema para generar calor, el calor produce vapor y ese vapor acciona una turbina que genera electricidad. En ese proceso se pierde una parte sustancial de la energía primaria, porque la conversión termoeléctrica tiene rendimientos relativamente modestos si no existe aprovechamiento adicional del calor residual. Por eso, desde el punto de vista técnico, la biomasa suele ser más racional en usos térmicos directos, redes de calor de proximidad, procesos industriales cercanos o sistemas de cogeneración donde el calor no se disipa inútilmente a la atmósfera. El problema no es la biomasa en sí, sino su utilización en grandes plantas eléctricas centralizadas que exigen enormes cantidades de materia prima para una transformación energética comparativamente pobre.
Aquí aparece la cuestión decisiva de la escala. Una instalación de gran potencia no se dimensiona a partir de la capacidad ecológica real del bosque próximo, sino a partir de un plan financiero, una potencia instalada, una expectativa de rentabilidad y una demanda continua de alimentación. En ese momento, el territorio deja de ser el marco que ordena el proyecto y pasa a convertirse en su “hinterland” logístico. Lo que importa ya no es qué tratamientos forestales son razonables, sino cuántas toneladas pueden movilizarse, a qué coste, desde qué distancia y con qué regularidad. Esa inversión de la lógica es exactamente lo que convierte a la biomasa industrial en una falsa solución verde en muchos contextos: adopta el lenguaje de la transición ecológica, pero opera con una racionalidad muy parecida a la de otras infraestructuras energéticas centralizadas.
2. INCENDIOS, GESTIÓN FORESTAL Y LÍMITES DE LA SOLUCIÓN INDUSTRIAL
Una de las justificaciones más reiteradas de la biomasa industrial como política pública es su supuesto papel en la prevención de incendios forestales. A primera vista, el argumento resulta intuitivo: si los montes arden por acumulación de combustible, bastaría con extraer esa biomasa y valorizarla energéticamente para reducir el riesgo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica rigurosa, esta lógica es conceptualmente errónea. La razón fundamental es que no toda biomasa es igual ni cumple la misma función en el régimen de incendios. En realidad, hablamos de biomasas distintas, con características ecológicas, operativas y económicas profundamente diferentes.
La biomasa que alimenta una central energética es, en términos generales, una biomasa comercializable, accesible y relativamente homogénea. Procede de claras forestales, podas, restos de aprovechamientos madereros, cultivos energéticos o subproductos industriales. Es una biomasa que puede ser recogida con maquinaria, procesada, transportada y transformada dentro de una cadena logística viable. Se trata, por tanto, de un recurso ordenado, concentrado y con valor de mercado.
Por el contrario, la biomasa que explica el comportamiento extremo de los grandes incendios responde a otra lógica. Se compone principalmente de combustibles finos, continuos y altamente inflamables, distribuidos de forma irregular en el territorio y, sobre todo, difíciles de movilizar. Incluye matorral denso tras abandono, regenerado espontáneo, restos dispersos, necromasa acumulada y un sotobosque sin gestión que establece continuidad vertical entre suelo y copas. Esta biomasa no solo es abundante, sino que está configurada de manera que favorece la propagación del fuego, conectando el paisaje tanto horizontal como verticalmente.
Esta distinción es esencial. Desde el punto de vista energético, interesa una biomasa que pueda movilizarse a costes razonables. Desde el punto de vista de la prevención, lo prioritario es intervenir sobre la estructura y continuidad del combustible en puntos estratégicos del territorio. Y ambos objetivos no coinciden necesariamente. De hecho, los combustibles más problemáticos desde la perspectiva del incendio suelen localizarse en áreas de difícil acceso, con pendientes elevadas, fragmentación de la propiedad o ausencia total de gestión, donde la extracción carece de viabilidad económica.
Por ello, la existencia de una gran central de biomasa no puede considerarse, por sí misma, una política eficaz de prevención de incendios. Puede desempeñar, en determinados contextos, un papel auxiliar como destino de subproductos procedentes de tratamientos selvícolas previamente justificados. Pero el tratamiento no debe diseñarse para alimentar la planta, sino para mejorar la estructura del territorio. Invertir ese orden implica un riesgo evidente: transformar una política de prevención en una política de suministro.
A esta diferencia tipológica se añade una cuestión de escala. Las centrales de biomasa requieren un flujo constante, predecible y volumétricamente significativo de materia prima. Los grandes incendios, en cambio, están asociados a la acumulación difusa y heterogénea de combustible en grandes superficies. No es lo mismo gestionar una cadena de suministro que intervenir sobre un territorio complejo donde la prioridad no es extraer biomasa de forma generalizada, sino configurar el paisaje para limitar el comportamiento del fuego.
Además, no toda la biomasa disponible en términos teóricos es movilizable en términos reales. Entre la existencia del recurso y su aprovechamiento efectivo median condicionantes técnicos, económicos y ecológicos: pendiente, accesibilidad, red viaria, distancia a pistas, fragmentación de la propiedad, productividad de las masas, costes de apeo y transporte, así como restricciones ambientales. Una estimación rigurosa de disponibilidad debe integrar todos estos factores. De lo contrario, se incurre en una confusión habitual entre potencial bruto y disponibilidad efectiva.
En este contexto, el caso de El Bierzo resulta especialmente ilustrativo. Buena parte del discurso legitimador de la biomasa industrial se ha apoyado en la idea de una abundante biomasa infrautilizada susceptible de convertirse en energía y desarrollo local. Sin embargo, afirmar que el monte acumula combustible no equivale a demostrar que una planta concreta pueda abastecerse de forma continua, sostenible y económicamente viable, ni que su funcionamiento contribuya de manera significativa a la reducción del riesgo de incendios.
3. EL CASO DEL BIERZO: FORESTALIA, INVIABILIDAD TERRITORIAL Y FRACASO DEL MODELO
El proyecto de biomasa impulsado en Cubillos del Sil por Forestalia fue presentado como uno de los emblemas de la transición postcarbón en El Bierzo. El contexto político y simbólico favorecía ese encuadre: una comarca profundamente marcada por el declive de la minería y de la generación térmica convencional, un territorio con superficie forestal relevante, una demanda social de alternativas económicas y una fuerte necesidad institucional de construir relatos de reconversión verde. La planta apareció así como una promesa de modernización: energía renovable, aprovechamiento forestal, empleo y reactivación comarcal. Sin embargo, el análisis detallado del proyecto muestra que esa promesa se apoyaba sobre bases extremadamente débiles.
La primera gran debilidad fue la justificación de la disponibilidad de biomasa. El estudio denominado “Cálculo de la Disponibilidad de Biomasa Forestal y Agrícola de Planta de Generación de Cubillos del Sil (León)” no demostraba, desde el punto de vista científico-técnico, que existiera recurso suficiente para sostener la planta en condiciones reales. El documento citaba como fuentes el Inventario Forestal Nacional, el Mapa Forestal de España y tablas de producción, pero no explicitaba de manera rigurosa cómo integraba esas fuentes en una metodología operativa. No detallaba flujo de trabajo, hipótesis de cálculo ni criterios de estimación. En un proyecto de esa magnitud, esa omisión es gravísima, porque impide reproducir, auditar o validar los resultados.
Más aún, el estudio dejaba sin responder preguntas básicas de selvicultura aplicada. No aclaraba qué tratamientos forestales concretos se preveían para cada especie o formación, cómo se calculaba la posibilidad de extracción para cada masa, qué edades se atribuían a las cubiertas forestales del inventario, qué diámetros medios se empleaban para las ecuaciones de biomasa ni cómo se traducían los datos del inventario en volúmenes efectivamente movilizables. Tampoco quedaban suficientemente definidos los factores de corrección por accesibilidad, pendiente, restricciones ambientales o costes de operación. Dicho de forma clara: no se explicaba el camino técnico que llevaba desde la cartografía y los datos de inventario hasta la cifra final de biomasa disponible. Sin esa trazabilidad, el estudio no pasaba de ser un ejercicio numérico opaco.
La consecuencia más evidente de esa falta de rigor era la desproporción de los resultados. El informe llegaba a plantear una disponibilidad de 2.800.000 toneladas anuales, una cifra que resultaba extraordinariamente difícil de sostener cuando se comparaba con estudios previos realizados por organismos con mayor solvencia técnica. El CIEMAT, en su estudio sobre aprovechamiento energético de la biomasa en las comarcas de El Bierzo y Laciana, estimaba una disponibilidad de solo 66.000 toneladas anuales en un radio de más de 50 kilómetros. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el estudio de disponibilidad de biomasa en seis zonas de Castilla y León, calculaba aproximadamente 12.000 toneladas anuales en un radio de 35 kilómetros y 27.000 toneladas en un radio de 80 kilómetros. La diferencia entre esas cifras y los volúmenes manejados para justificar la planta no era una mera discrepancia metodológica menor: era una divergencia de orden de magnitud. Técnicamente, eso obliga a pensar no en una pequeña diferencia de criterios, sino en una sobreestimación radical del recurso.
A esta inconsistencia de base se sumaba un problema logístico estructural. Para sostener una planta eléctrica de gran tamaño, la biomasa no solo tiene que existir, sino que tiene que llegar de forma continua, homogénea y a un coste compatible con la operación. Eso exige organizar una cadena de suministro compleja: corta o recogida, concentración, desembosque, astillado o procesado, transporte, almacenamiento y alimentación. Si el recurso cercano no basta, el radio de aprovisionamiento debe ampliarse progresivamente. En el caso del Bierzo, se hablaba de radios de hasta 150 kilómetros, lo que introduce serios problemas económicos y energéticos. A mayor distancia, mayores costes por tonelada útil, mayores tiempos muertos, mayor dependencia de combustibles fósiles para el transporte y mayor exposición a la competencia de otras plantas en territorios próximos, especialmente en Galicia y Asturias. En estas condiciones, la supuesta “energía local” empieza a parecerse más a un sistema intensivo de captura y movimiento de materia a gran escala que a una verdadera economía circular de proximidad.
Desde el punto de vista del balance energético, esta situación es muy relevante. La biomasa forestal tiene densidades energéticas relativamente modestas en comparación con los combustibles fósiles, y además suele contener humedad variable, lo que afecta a su poder calorífico útil. Por ello, la logística pesa mucho en su balance final. Cuando el recurso debe transportarse a largas distancias, procesarse industrialmente y quemarse para producir solo electricidad, la eficiencia global del sistema se deteriora notablemente. En otras palabras, el problema no era solo forestal o económico; era también termodinámico y territorial.
La segunda gran debilidad del proyecto fue su arquitectura financiera. El modelo no aparecía como una iniciativa sólida, capaz de sostenerse por la mera racionalidad técnico-económica del aprovechamiento, sino como una operación fuertemente dependiente de apoyo público y de condiciones regulatorias favorables. Según la información aportada, la estructura de financiación incluía 42 millones de euros canalizados por el EREN, otros 42 millones de financiación bancaria y 28 millones de inversión privada. Esa composición muestra que la viabilidad estaba muy vinculada a un ecosistema de ayudas, incentivos y expectativas de rentabilidad regulada. No se trataba, por tanto, de una planta competitiva por la simple abundancia y facilidad de acceso al recurso, sino de un proyecto sostenido artificialmente por un marco institucional favorable.
Esa dependencia se volvió todavía más visible cuando cambiaron las condiciones del mercado eléctrico. Una gran planta de biomasa no solo depende de tener combustible; depende también de que el precio de la electricidad, el coste de la biomasa, los gastos logísticos y el marco de incentivos mantengan una ecuación razonable. Si alguno de esos factores se desequilibra, la operación entra rápidamente en crisis. Eso fue precisamente lo que terminó ocurriendo. Las paradas de actividad y el posterior cese no fueron un accidente imprevisible, sino la confirmación de una fragilidad estructural. Colectivos como Bierzo Aire Limpio habían advertido desde el principio que el proyecto descansaba sobre previsiones irreales y una dependencia excesiva de recursos públicos.
También la propia forma empresarial del proyecto suscitaba dudas. Según la crítica formulada por los opositores, la estructura promotora presentaba rasgos típicos de operaciones diseñadas para captar subvenciones y limitar responsabilidades: capital social mínimo, sociedades instrumentales y una arquitectura capaz de socializar buena parte del riesgo en caso de fracaso. Técnicamente, esto no demuestra por sí solo irregularidad, pero sí apunta a una racionalidad empresarial donde el objetivo prioritario puede no ser la creación de valor territorial a largo plazo, sino la captura de oportunidades financieras ligadas a la política energética.
En el plano socioeconómico, el balance prometido tampoco se cumplió. Las expectativas de empleo asociadas a la planta fueron muy superiores al impacto finalmente consolidado. Se habló de desarrollo local, de efecto tractor y de fijación de población, pero la realidad fue mucho más modesta: alrededor de 36 empleos directos, un empleo indirecto disperso y un arraigo limitado en la estructura productiva comarcal. En comarcas afectadas por procesos de reconversión industrial, estas promesas tienen un enorme peso simbólico y político. Precisamente por eso, su incumplimiento genera frustración y refuerza la percepción de que el territorio vuelve a ser utilizado como espacio de sacrificio para proyectos exógenos que extraen legitimidad del discurso del desarrollo, pero no construyen bases duraderas de economía local.
Finalmente, el caso del Bierzo no puede separarse de su dimensión política e institucional. La implicación de entidades públicas como Somacyl en sociedades vinculadas al proyecto y en otras operaciones asociadas al grupo revela hasta qué punto la biomasa industrial puede insertarse en redes de legitimación institucional acelerada. A ello se añaden las investigaciones judiciales que han afectado al entorno empresarial de Forestalia por presuntos delitos graves. Conviene insistir en una cautela elemental: una investigación no equivale a condena y las garantías jurídicas deben respetarse plenamente. Pero incluso dejando a un lado la esfera penal, el caso revela un problema más profundo: la facilidad con la que determinados proyectos “verdes” se blindan políticamente, reducen la capacidad crítica del debate público y presentan como indiscutiblemente beneficioso un modelo que debería haber sido sometido desde el inicio a una evaluación técnica, territorial y democrática mucho más exigente.
Por eso, el cierre de la planta de Cubillos del Sil debe leerse como algo más que el fracaso de una empresa concreta. Representa el colapso de un modelo de transición que confundió renovable con sostenible, escala industrial con desarrollo local y consumo de biomasa con política forestal. La principal enseñanza del caso es que la transición energética no puede construirse a costa del territorio ni apoyarse en estudios débiles, sobreestimaciones del recurso, ayudas masivas y promesas de empleo infladas. Si la biomasa quiere desempeñar un papel útil, debe hacerlo en formatos de menor escala, vinculados a usos térmicos eficientes, insertos en una gestión forestal rigurosa y subordinados a la capacidad real del monte. El bosque no puede tratarse como una mina de combustible al servicio de grandes infraestructuras. Debe entenderse como un sistema ecológico complejo y como parte de un territorio vivo cuya sostenibilidad no puede reducirse a alimentar una caldera.